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En La Prensa Austral de Punta Arenas, del 5 de marzo se publicó una curiosa noticia – por decir lo menos- que da cuenta de un hecho delictivo, en el que uno de los involucrados en el robo de un auto era sordo, el trasandino Jorge Heredia, sindicado como cómplice del suceso por el Ministerio Público, por lo que el Juzgado de Garantía tuvo que solicitar la intermediación de una interprete de “lengua de señas” para que le interpretaran la información al inculpado.

En su texto él o la periodista, muestra una actitud discriminadora cuando califica de «peculiar la situación » o cuando resalta que el juicio se alargó una hora y media, “lo que provocó sueño y cabeceos en algunos de los profesionales de la prensa presentes”.

Este hecho, a mi entender, constituye una clara discriminación ya que no resalta el derecho de toda persona de comunicarse y de defenderse ante la ley, sino que resalta la lentitud del proceso en este caso.

Vale la pena preguntarse si la actitud mostrada por el redactor de la noticia habría sido la misma si en el tribunal hubiera sido necesario traducirle el juicio a un extranjero que no comprende el español. ¿Sería igualmente tedioso? ¿se resaltaría el derecho a tener un juicio justo e informado?

Es importante que los medios de comunicación no dejen pasar oportunidades como esta, para educar a la población en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y en este caso de validar la lengua de señas como una forma de comunicación. Sería un aporte para ir logrando en la población la conciencia de lo que implica la verdadera inclusión.

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